La huelga se está llevando a cabo en Madrid tiene la ciudad
convertida en un vertedero en el que cohabitan peatones con bolsas de basura y
desperdicios, y corre el riesgo de convertirse en un problema de salubridad, lo
que resulta más peligroso que el meramente estético resultado de ver las calles
y sus museos y monumentos rodeados de montañas de basura.
Este servicio, por el que quienes viven en Madrid o tienen
una propiedad en su término municipal, venimos años pagando un impuesto que fue
recuperado en la anterior legislatura por el que alcalde electo,
Ruíz-Gallardón, fue vendido, externalizado en la jerga neoliberal, el pasado
verano a un conglomerado de empresas, Valoriza, OHL y FCC son las más
conocidas, por un total de 2.316 millones de euros y una duración de ocho años
Esta huelga, por tanto, no es propiamente del servicio de “limpieza
y conservación de los espacios públicos” del propio ayuntamiento, ya que esté
decidió deshacerse de lo que consideraba un gasto innecesario y que fueran
empresas externas las que lo gestionaran. Sin embargo el ayuntamiento ha tenido
la desfachatez de seguir exigiendo el cobro del impuesto por un servicio que no presta y que las empresas concesionarias están faltando a cubrir porque sus cuentas así lo exigen.
Cabe la reflexión por tanto acerca de qué ocurre cuando
hechos como estos tienen lugar. Servicios públicos esenciales, que las
administraciones están obligados a prestar a sus ciudadanos, pues es el compromiso
que adquieren con ellos cuando son elegidos como sus representantes, son depositados
en empresas cuyo único fin, recordemos, es lucrarse, aún a consecuencia de
rebajar la calidad de estos servicios, pues ¿qué es si no diezmar una plantilla
y rebajar el sueldo a los afortunados que se mantienen en ella? ¿O es que
pensamos que esa mayor carga de trabajo y esa disminución de salario no repercutirán
en la labor de los trabajadores?
Hoy es el servicio de recogida de basuras, pero mañana pueden ser los hospitales, el transporte público o, quien sabe, si también la educación acabará igualmente vendida al mejor postor.
¿Y los ciudadanos a quienes reclamamos? ¿A OHL? ¿A FCC? ¿Al
ayuntamiento? Aunque con éste último las cuentas de su gestión se ajustarán en
las próximas elecciones, este contrato seguirá
en vigor será heredado por el nuevo equipo de gobierno. Mientras, durante los meses
de octubre y noviembre el ayuntamiento continuará ingresando el dinero que
cobra a los ciudadanos madrileños por un servicio que dejó de prestar.
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