El tratamiento que algunos medios de comunicación está dando al caso de los ERE en Andalucía pretende crear una cortina de humo sobre la trama Gürtel y el caso Bárcenas, predisponiendo a la opinión pública a olvidar estos últimos y desviar su atención hacia el primero. Algo a lo que el propio partido del gobierno se está dedicando con intensidad, pues siendo protagonista en primera persona, le interesa, y mucho.
Los dos casos dejan la política y los políticos en entredicho, y sobre sus responsables deberá caer el peso de la ley; pero existen importantes diferencias entre ellos y, también, en la forma en la que un partido y otro han actuado al respecto.
El caso de los ERE andaluces parece, a toda vista, ser el negocio montado por un grupo de indeseables que se han servido de sus cargos y de su militancia para lucrarse a costa del erario público. Así, una herramienta que fue creada con la legítima intención de agilizar los trámites a la hora de conceder las ayudas a aquellas empresas y trabajadores que las necesitaran, la pervirtieron y, beneficiándose de esa menor supervisión, mercadearon impunemente con ella, ante la ignorancia de muchos y la, presunta, mirada para otro lado de unos cuantos. La jueza encargada del caso sigue tirando del hilo de la trama y veremos hasta dónde llega éste.
En cuanto a la trama Gürtel y el caso Bárcenas, ambos parecen ser dos patas de una misma mesa. Una mesa que habría estado financiando de forma ilegal durante años al pp y en la que se servirían las comisiones obtenidas a cambio de la concesión de contratos públicos tanto a nivel local, como regional o nacional, durante los años del anterior gobierno popular. Un entramado perfectamente organizado y que destinaría el dinero recaudado no sólo a las cuentas del partido, sino también a las particulares de algunos de sus miembros, muchos de los cuales están hoy en el ejecutivo.
¿Y qué ha hecho el pp al respecto? Decir nada sería faltar a la verdad, pues no sólo ha mantenido en sus filas a los principales imputados en la trama, sino que ha obstaculizado la acción de la justicia, dilatando en el tiempo un proceso cuyos delitos corren el riesgo de acabar prescribiendo. Por tanto, y aún siendo execrables tanto uno como otro, no son comparables, ni en sí mismos ni en la actitud que unos y otros han mostrado al respecto; por mucho que los medios de comunicación afines al pp y éste mismo desde el altavoz que le brinda el gobierno y los medios de comunicación público, pretendan hacernos creer.
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