Me gustaría que alguien puediera informarle a Dolores de Cospedal de que Rodríguez Zapatero –y no Zapatero– es el actual presidente del Gobierno español, porque así lo decidimos más de 11 millones de españoles. Cada vez que le nombra por su segundo apellido y evita hacer alusión el cargo que le otorgó este país en las urnas de 2004 y de 2008 menosprecia la decisión de todos estos millones de votantes y menosprecia el régimen democrático en el que vivimos y que nos permite elegir libremente a la persona que deseamos que gobierne.
(Esta carta me la ha publicado hoy el diario Público: http://blogs.publico.es/cartasdeloslectores)
miércoles, 19 de agosto de 2009
sábado, 15 de agosto de 2009
ATAQUE AL ESTADO DE DERECHO
Asisto perplejo en este mes de Agosto a las declaraciones que en cadena se vienen produciendo de dirigentes del PP acerca de la acción de la justicia en las causas abiertas contra quienes son o han sido responsables de gobiernos autonómicos o de parcelas en la organización del partido. Me froto los ojos y confío en que todo no sea más que golpes de calor producto de los calores veraniegos, pero mis ilusiones se van rápidamente al traste al comprobar que esto no es así y que en lugar de una rectificación a cada declaración le sigue otra más fuerte aún; otra declaración que pone a los pies de los caballos el estado de derecho en el que vivimos.
Y esto es exactamente lo que está haciendo el Partido Popular, porque cuando un miembro de ese partido se descantilla de tal forma y no es desatorizado por sus superiores, sino que además de ratificarle se suman a su causa, ya no podemos hablar de calentón, sino de una estrategia plenamente trenzada y con un fin muy concreto: recuperar el poder que las urnas llevan ocho años negándoles.
Ya intentaron algo similar en vísperas del 14 de Marzo de 2004, cuando en último momento y viendo que las últimas encuestas auguraban el vuelco electoral que acabó sucendiendo, trataron de paralizar el proceso electoral amparados en el estado de emergencia en que los atentados del 11M sumieron al país y los millones de personas que nos echamos a la calle pidiendo que dejaran de manipular la información oficial. Afortunadamente no se salieron con la suya y las elecciones se desarrollaron con total normalidad con el resultado por todos conocido.
Ahora y con esta actitud chulesca y de desprecio por el estado de derecho pretenden un golpe de estado institucional, agitando ante los ciudadanos el fantasma de regímenes socialistas que nada tienen que ver con el gobierno de la nación. Pretenden alentar de este modo a que los ciudadanos tomemos las calles de nuevo, pero esta vez para exigir un cambio de gobierno. En este país prima el sensacionalismo ante la reflexión, el camino rápido ante la paciencia de la preparación, por eso la sociedad española tiende a creerse gran parte de aquello que escucha en un tono de mayor vehemencia y se inclina a creer a aquel que grita más, en lugar de pararse y analizar con tranquilidad qué está sucediendo; por lo que no es descartable que el mensaje cale en gran parte de una sociedad sensibilizada ya por la actual crisis económica.
Lo que está sucediendo es un ataque en toda regla a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a quienes acusan de seguir dictámenes del gobierno y, por tanto, de falta de profesionalidad e independencia. Un ataque en toda regla al estado de derecho y que todos aquellos que creemos en los valores democráticos no debemos tolerar.
Y esto es exactamente lo que está haciendo el Partido Popular, porque cuando un miembro de ese partido se descantilla de tal forma y no es desatorizado por sus superiores, sino que además de ratificarle se suman a su causa, ya no podemos hablar de calentón, sino de una estrategia plenamente trenzada y con un fin muy concreto: recuperar el poder que las urnas llevan ocho años negándoles.
Ya intentaron algo similar en vísperas del 14 de Marzo de 2004, cuando en último momento y viendo que las últimas encuestas auguraban el vuelco electoral que acabó sucendiendo, trataron de paralizar el proceso electoral amparados en el estado de emergencia en que los atentados del 11M sumieron al país y los millones de personas que nos echamos a la calle pidiendo que dejaran de manipular la información oficial. Afortunadamente no se salieron con la suya y las elecciones se desarrollaron con total normalidad con el resultado por todos conocido.
Ahora y con esta actitud chulesca y de desprecio por el estado de derecho pretenden un golpe de estado institucional, agitando ante los ciudadanos el fantasma de regímenes socialistas que nada tienen que ver con el gobierno de la nación. Pretenden alentar de este modo a que los ciudadanos tomemos las calles de nuevo, pero esta vez para exigir un cambio de gobierno. En este país prima el sensacionalismo ante la reflexión, el camino rápido ante la paciencia de la preparación, por eso la sociedad española tiende a creerse gran parte de aquello que escucha en un tono de mayor vehemencia y se inclina a creer a aquel que grita más, en lugar de pararse y analizar con tranquilidad qué está sucediendo; por lo que no es descartable que el mensaje cale en gran parte de una sociedad sensibilizada ya por la actual crisis económica.
Lo que está sucediendo es un ataque en toda regla a la justicia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, a quienes acusan de seguir dictámenes del gobierno y, por tanto, de falta de profesionalidad e independencia. Un ataque en toda regla al estado de derecho y que todos aquellos que creemos en los valores democráticos no debemos tolerar.
martes, 4 de agosto de 2009
NO VALE SÓLO SER LA MUJER DEL CESAR..."
"Tendremos que buscar en el diccionario una palabra distinta a la de amistad que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat".
Estas palabras tan sentidas fueron dirigidas por Francisco Camps a Juan Luis de La Rua. Da la casualidad que éste último es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que es el organismo que se ha encargado de archivar la causa abierta contra el presidente de la Generalitat valenciana.
Desde este blog, no vamos a cuestionar las decisiones judiciales, al contrario que aquellos partidos políticos o medios de comunicación que lo hacen cada vez que éstas no les satisfacen. En estas páginas siempre hemos mantenido que la justicia tiene sus propios métodos para regularse y sus decisiones no deben ser puestas en duda, ya que en el poder judicial está la base que garantiza la igualdad de todos los españoles y no podemos cuestionar sus resoluciones porque es cuestionar un pilar fundamental de nuestro sistema de gobierno.
Sin embargo, creo que habría que hacer una reflexión acerca de la conveniencia de que jueces vinculados abiertamente a ciertos partidos o incluso sentimentalmente con miembros de estos partidos que se sientan como acusados, sean partícipes de las sentencias emitidas por el tribunal del que forman parte.
Hay un dicho que dice: "No vale sólo ser la mujer del César, hay que parecerlo", por tanto para evitar situaciones como la acontecida con el archivo de la causa contra los miembros del PP valenciano, aquellos miembros del tribunal que mantengan cualquier tipo de relación con los encausados a quienes juzgan, deberían echarse a un lado y abstenerse de participar en los procesos abiertos contra quienes presumen de amistad y estrechas relaciones con ellos.
Sólo así se evitarán suspicacias acerca de la independencia que se supone a cada miembro del poder judicial.
Estas palabras tan sentidas fueron dirigidas por Francisco Camps a Juan Luis de La Rua. Da la casualidad que éste último es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que es el organismo que se ha encargado de archivar la causa abierta contra el presidente de la Generalitat valenciana.
Desde este blog, no vamos a cuestionar las decisiones judiciales, al contrario que aquellos partidos políticos o medios de comunicación que lo hacen cada vez que éstas no les satisfacen. En estas páginas siempre hemos mantenido que la justicia tiene sus propios métodos para regularse y sus decisiones no deben ser puestas en duda, ya que en el poder judicial está la base que garantiza la igualdad de todos los españoles y no podemos cuestionar sus resoluciones porque es cuestionar un pilar fundamental de nuestro sistema de gobierno.
Sin embargo, creo que habría que hacer una reflexión acerca de la conveniencia de que jueces vinculados abiertamente a ciertos partidos o incluso sentimentalmente con miembros de estos partidos que se sientan como acusados, sean partícipes de las sentencias emitidas por el tribunal del que forman parte.
Hay un dicho que dice: "No vale sólo ser la mujer del César, hay que parecerlo", por tanto para evitar situaciones como la acontecida con el archivo de la causa contra los miembros del PP valenciano, aquellos miembros del tribunal que mantengan cualquier tipo de relación con los encausados a quienes juzgan, deberían echarse a un lado y abstenerse de participar en los procesos abiertos contra quienes presumen de amistad y estrechas relaciones con ellos.
Sólo así se evitarán suspicacias acerca de la independencia que se supone a cada miembro del poder judicial.
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